APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCCIÓN ESTATALES EN POBLADOS PATRIMONIALES DESPUES DEL TERREMOTO DE CHILE 2010: EL CASO DEL POBLADO DE GUACARHUE Y MALLOA

Resumen

El terremoto en Chile de febrero de 2010, dejó al descubierto una realidad velada para el estado: la gran cantidad de viviendas construidas en adobe y otros sistemas de tierra cruda, que se encuentran fuera de las normas de construcción chilenas. Paradojalmente estas viviendas conforman un símbolo del patrimonio y de la identidad nacional del país. La mayoría de los poblados ubicados en la zona afectada (la más poblada de Chile), están formados por viviendas construidas en adobe adosadas en fachada continua.

La primera reacción de las autoridades locales, intentado dar soluciones rápidas a la población, fue destruir las construcciones dañadas, arrasando con la pala mecánica poblados enteros o parte de ellos, dejando en condición vulnerable las viviendas que quedaron en pie.

Felizmente la gran cantidad de edificaciones que resistieron el sismo y ante la contundencia del valor patrimonial, constructivo, tecnológico, histórico e identitario que poseen, generó una revalorización por parte de las comunidades locales.

El movimiento ciudadano y de grupos profesionales (de los cuales formamos parte) permitió sensibilizar a los actores políticos relevantes (senadores, diputados alcaldes, etc.) exigiendo al estado tomar cartas en el asunto, con el fin de posibilitar la reconstrucción y restauración de viviendas con estos materiales tradicionales. Producto de ello se logró incorporar dentro de las opciones de subsidios estatales para la edificación de viviendas, una alternativa que permite restaurar inmuebles dañados en adobe. La figura legal tiene una serie de detalles técnicos legislativos y económicos que se siguen puliendo.

En este marco, la ponencia presenta la ejecución de los proyectos de restauración de un numero de viviendas incorporado en el subsidio especial: “Plan de Reconstrucción Patrimonial” en la VI región de O’Higgins. Se presentará el trabajo realizado en los poblados de Malloa y Guacarhue, fruto de dos años de participación con la comunidad y los estamentos gubernamentales encargados del plan de reconstrucción, el cual refleja el avance del proceso para modificar el marco legal que permita incorporar el material tierra dentro del formato oficial de las políticas públicas de vivienda.